Paraisos fiscales

De los paraísos fiscales se puede decir algo parecido a lo que se señala de la materia: ni aumentan ni disminuyen sólo se transforman. Posiblemente, lo único que aumenta es la cantidad depositada en ellos, que alcanza casi los 8 billones de dólares, más que el PIB del Reino Unido y Alemania juntos.

2016 tiene, en este punto, sus cuestiones novedosas en relación con ellos que reflejan lo lejos que estamos de haber acabado con ellos.

Vayamos al comienzo. ¿Qué son los paraísos fiscales? Hay dos elementos esenciales: el más conocido, disponer de una fiscalidad casi nula para los no residentes, a los que no se exige ni vinculación con el país ni realización de actividades económicas. En segundo lugar, más importante aún que el anterior, que el país en cuestión haya aprobado normativa que impide tanto el intercambio automático de información con terceros países sobre las cantidades allí depositadas y sobre las estructuras societarias que radican en él. No podemos olvidar, en este sentido, el amplio número de sociedades que cotizan en el IBEX 35 que tienen filiales en los paraísos fiscales.

La opacidad fiscal es un problema especialmente dañino. No es sólo que permita que se evadan impuestos y que con ello todos acabemos perdiendo, sino que, además, de acuerdo con los Informes y Recomendaciones del FATF-GAFI se observa una preocupación reiterada que hace señalar que las amenazas más graves que hay en este momento para la economía mundial podrían provenir de la financiación del terrorismo internacional y las armas de destrucción masiva que se podrían financiar con el dinero ubicado en los paraísos fiscales. Estamos muy lejos de cumplir lo que se señaló en la cumbre del G20 celebrada en Londres en 2009 donde se oyó a Gordon Brown, antiguo Premier británico, a declarar fuera de la ley a estos territorios. Las conclusiones de la cumbre proclamaron pomposamente que “tomaremos medidas contra las jurisdicciones que no colaboren (…) La era del secreto bancario ha desaparecido”. Nada más lejos de la realidad.

Con ello no se quiere quitar importancia a los problemas de falta de tributación en los lugares de producción del bien o del servicio o los de lavado de dinero. De hecho, cuando hay una fiscalidad anormalmente baja, se suele hablar de territorios offshore, que es una variante matizada de los paraísos fiscales. Sigue existiendo un número pequeño de territorios que proporcionan ventajas muy importantes a las empresas que radican allí lo que permite a estos territorios capturar un numero desproporcionado de beneficios, en detrimento de los países donde ha tenido lugar la actividad económica real. Conviene, en este sentido, leer el informe del Centro Internacional por la Fiscalidad y el Desarrollo.

El principal factor novedoso está constituido porque los EE.UU. están aplicando políticas que, materialmente, son características de los paraísos fiscales. Nevada, Wyoming o Dakota del Sur se han transformado en lugares receptores de dinero en condiciones de opacidad, que hace que muchos titulares de dinero no legal estén trasladándolo desde otros países más tradicionales en esta materia.

Si lo anterior está vinculado a la actuación de Estados en el interior de los EE.UU., una decisión federal es la que está haciendo que los estándares FACTA que obligan a suministrar información a las autoridades fiscales estadounidenses, no se están aplicando de forma recíproca, impidiendo, en consecuencia que los europeos se puedan beneficiar de esta normativa, a pesar de que algunos Estados, como el nuestro, la hayan incorporado. Es una de las manifestaciones de la asimetría de la globalización, que en este punto se manifiesta en una retención abusiva de información a terceros países.

Si EE.UU. es una novedad, Europa sigue siendo un problema. De entrada, porque la falta de armonización fiscal en el Impuesto de sociedades dentro de la Unión, está permitiendo una feroz competencia entre ordenamientos jurídicos para atraer empresas que se ubiquen en su territorio.

Si tuviéramos que recoger dos datos en los que se haya de ser muy críticos con Europa, el primero sería, necesariamente, el del aumento de los territorios que han ido reduciendo la presión fiscal. De hecho, países como Irlanda, Holanda y Luxemburgo están a la cabeza de operaciones en las que localizan en su territorio actividades económicas realizadas en otros Estados de la Unión, con lo que están ayudando a la defraudación fiscal en el resto del territorio europeo.

Esta es una cuestión relevante en el ámbito europeo. Los problemas que hay para la aplicación en el Reino Unido de ciertas normas fiscales y bancarias de la Unión Europea derivan esencialmente del régimen de la City londinense, que podría considerarse un territorio offshore. Algo parecido podríamos decir de Luxemburgo (país del que es originario el Presidente de la Comisión, Junker, autor de unos escandalosos acuerdos fiscales con 340 multinacionales), de los centros de coordinación belgas o los muelles de Dublín, en Irlanda (donde tributan un gran número de empresas) o de Holanda, que también tiene una fiscalidad a la carta. Territorios de Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Malta y los Países Bajos completarían el elenco de países de la Unión Europea donde se puede hablar de paraísos fiscales en sentido amplio. Incluso la propia regulación española de las SICAV no se aleja demasiado de lo que ocurre en este tipo de países. La responsabilidad europea no termina aquí sino que hay multitud de territorios dependientes del Reino Unido y Holanda que tienen esta consideración. Por no hacer referencia a Liechtenstein, Mónaco o San Marino.

Pero más grave es que las prácticas de algunas multinacionales que les permiten la reducción de la presión fiscal con mecanismos discutibles, cuando no claramente ilegales, no están siendo perseguidas de forma uniforme en el territorio europeo. Es de alabar, de este modo, la actuación del Gobierno italiano contra Apple y otras grandes multinacionales de igual manera que es muy censurable la pasividad del Gobierno de España.